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Veracruz falló a los médicos en la pandemia; unos se contagiaron y otros murieron

Xalapa, Ver.
AGENCIAS

Los médicos sufrieron maltrato, negligencia falta de materiales e insumos para enfrentar la pandemia, lo cual repercutió en su salud y en algunos casos enfermaron y murieron por COVID-19 porque no fueron resguardados pese a que eran vulnerables, narra Erinet Gómez, periodista de AVC Noticias.

En entrevista, detalla las falla del estado para respaldar a los doctores que están en la primera línea contra el coronavirus y eso redundó en que Veracruz se encuentra entre los 10 estados del país con mayor número de contagios entre personal médico y también en tercer lugar en mortandad de personal médico, que atendió en los hospitales, durante el primer año de la contingencia sanitaria.

El reportaje revela casos como el del doctor Roberto Pérez, quien laboraba en el ISSSTE Poza Rica, el cual no le permitió resguardarse, siguió laborando, se contagio de coroinavirus y falleció.

A continuación el reportaje:

Cuando la primera paciente de Covid-19 llegó al hospital del ISSSTE en Poza Rica, a mediados de abril del 2020, Roberto Saturnino Pérez Sandoval, un galardonado médico con 30 años de trayectoria, fue parte del equipo que llegó hasta la puerta del inmueble a recibirla.

Él quería atender pacientes, como lo había hecho por la mitad de sus 63 años, pero su familia estaba preocupada porque pertenecía a la población vulnerable al Covid-19: padecía sobrepeso, hipertensión y diabetes. Así que después de recibir a los primeros pacientes de Covid-19, lo convencieron de solicitar su resguardo en casa.

Roberto acudió al director del hospital para solicitar su resguardo, pero su superior, un hombre que le tenía la confianza suficiente, para pedirle que se encargara de enviar a su nombre las estadísticas de los casos sospechosos de Covid que le pedía la SSA, le negó el resguardo.

“A pesar de cumplir con tres de las cuatro causales para tener derecho a resguardo domiciliario: obesidad, hipertensión, diabetes, le negaron el permiso por ser un trabajador de confianza, y por tener 63 años, en vez de 65, como era el requisito. Así que negaron el resguardo domiciliario, y siguió trabajando hasta sus últimos días”, contó su hijo mayor Roberto Pérez Valadés.

Una semana después, Roberto empezó a sentirse mal. El 27 de abril, a las 10:00 horas, su hijo tuvo que ir a recogerlo al hospital, donde se encontraba casi desmayado, con la glucosa descontrolada. Tres días después de ese episodio, la situación era insostenible, pasó la noche en el ISSSTE, pero al otro día, a petición del propio Roberto, su familia lo trasladó al hospital de Pemex, el cual había dirigido hace años.

En esta cobertura informativa realizada por AVCNoticias, se documentó cómo el estado le falló a los médicos que luchaban contra la pandemia desde la primera línea.

Según solicitudes de información, la elaboración de bases de datos, testimonios con personal médicos y entrevistas con especialistas en salud pública, los médicos en Veracruz enfrentaron el Covid-19 en medio de una notable descoordinación e indolencia de las autoridades de Salud, que puso en riesgo sus vidas.

En los primeros meses de la pandemia, la historia de Roberto se repitió en otros hospitales de Veracruz, donde trabajadores del sector salud vulnerables a la enfermedad, se quedaron en la primera línea de batalla ante el Covid-19, a pesar de que los decretos emitidos por la propia autoridad sanitaria, indicaban que podían irse a casa.

También se identificó que mientras los médicos mendigaban insumos de calidad para enfrentar el Covid-19, durante el primer año de la pandemia por Covid-19 Veracruz contó con mil 804 millones de pesos de presupuesto para combatir el Coronavirus, de los cuales, en los informes financieros trimestrales de Salud, sólo dan cuenta de cómo se gastaron 280.7 millones para la compra de insumos contra la pandemia.

Esto creó “la tormenta perfecta” para que el personal de primera línea no recibiera los insumos necesarios para su trabajo en tiempo y que no se garantizara la calidad de los cubrebocas, guantes, batas y trajes de seguridad con los que trabajan. El resultado es que Veracruz está entre las entidades con mayor contagio entre su personal y es cuarto lugar nacional en decesos por Covid-19.

Además de este maltrato a los médicos veracruzanos, las autoridades estatales recurrieron a una contratación nebulosa y poco transparente de médicos cubanos, de la cual no se conocen los resultados o beneficios que aportaron a la población veracruzana.

La familia y excolaboradores de Pérez Sandoval relatan que aunque él tenía funciones administrativas dentro del ISSSTE Poza Rica, eso nunca lo alejó del área de atención hospitalaria. Jamás se confinó a un escritorio, lo suyo era recorrer los pasillos del hospital, hablar con pacientes, entrevistarse con sus colegas.

“Si una lámpara estaba fundida, él levantaba un reporte e iniciaba las gestiones para su reemplazo. Si un paciente se quejaba de mala atención, él conocía del caso y le daba seguimiento hasta agilizar el servicio. Si un doctor requería la limpieza de un área, ahí estaba él para asegurarse de que el trabajo se hiciera”, contó su hijo Pérez Valadés.

Antes de trabajar en el hospital del ISSSTE en Poza Rica, Roberto Pérez trabajó 18 años como directivo administrativo en Pemex. En su paso por la Clínica Satélite, con sede en Poza Rica, su constancia lo hizo merecedor al premio a la Calidad en el Servicio -un galardón que otorga la institución cada dos años a los directivos de hospitales que mejoran sus procesos internos-, en los años 2012 y 2014.

Habían pasado apenas seis meses de su jubilación -mientras estaba asignado en el hospital regional de Salina Cruz-, cuando la pulsión por regresar al trabajo lo hizo abandonar el periodo de asueto. De inmediato, se incorporó al hospital del ISSSTE en Poza Rica, a donde trasladó su ética de trabajo, con el objetivo de servir mientras fuera útil.

La llegada del Covid-19 en 2020 no cambió el comportamiento de Roberto, en lugar de alejarse de la zona de atención hospitalaria, parecía que el conocimiento de las carencias estructurales del hospital, lo hacían querer estar disponible para apoyar a sus colegas.

“Él no le tenía miedo a la enfermedad, tampoco la desafiaba, hablaba de ella con respeto. Él actuaba frente al Covid-19, como en su momento actuó contra el VIH-Sida, alejado de prejuicios y sin miedo a contagiarse, con respeto”, concluye su hijo, luego de rememorar las conversaciones con su padre.

El Covid-19 fue declarado una pandemia por la OMS en marzo de 2020, y en México, el gobierno federal decretó Jornada de Sana Distancia del 23 de marzo hasta el 30 de mayo.

Y aunque las autoridades sanitarias del país y la entidad afirmaban que había protocolos sanitarios e insumos médicos suficientes para enfrentar al Covid-19, Roberto Sandoval, sus colegas del ISSSTE en Poza Rica, y de otras instituciones de Salud, se enfrentaban a una realidad distante de los discursos oficiales.

Mientras un acicalado Hugo López-Gatell Ramírez subía su rating entre la población femenina, y daba cifras alegres de la organización hospitalaria para atender la pandemia, Pérez Sandoval libraba su propia batalla desde un hospital enclavado en la ciudad petrolera más importante del norte de Veracruz.

“Un día, mi papá me llamó y me pidió que pasara por él y lo llevara de compras. Fuimos a la Central de Abastos, y compramos cremeros, de esos que se usan en las taquerías para servir la salsa, él los quería para dispensar el gel antibacterial en la puerta del hospital. También lo acompañé a comprar cinta naranja, para marcar la sana distancia”, relata su hijo.

Desde el anonimato, Roberto Pérez y su hijo recorrían las calles de Poza Rica, buscando tortilleros de unicel y frascos de plástico, que le permitieran al hospital enviar al laboratorio las primeras pruebas clínicas de pacientes sospechosos de Covid-19.

“Y de su equipo de protección contra el covid-19 ¡qué te cuento! parecía más bien un disfraz: lentes industriales, guantes que podría usar un obrero, y un cubrebocas sencillo. Todo, junto con los cremeros y los tortilleros, pagado con dinero de su bolsa porque el hospital no tenía presupuesto”, revela su hijo.

Roberto Pérez no era el único que ante el abandono del estado, tuvo que comprar su propio equipo de protección, y hasta insumos para el hospital. La misma situación se replicaba en otros hospitales de la entidad, como Álamo, Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Orizaba, Coatzacoalcos. Ya sea del ISSSTE, del IMSS, de la Secretaría de Salud Estatal.

Cuando Roberto empezó a sentirse mal un médico particular lo diagnosticó con dengue, y como lo llamaron a trabajar, continúo sus funciones en el hospital.

En ese hospital de Pemex permaneció 17 días internado, de los cuales, al cuarto día le confirmaron que tenía Covid-19, y un daño de 90 por ciento en sus pulmones. Había poco que hacer, el 18 de mayo después de batallar por una hora con una arritmia cardiaca, tuvo un paro fulminante.

Roberto falleció en medio de la negligencia de un sistema de salud que no supo proporcionar las armas necesarias para hacer frente a una pandemia. Su familia doliente que ni siquiera pudo recibir una pensión tras su fallecimiento porque le faltaban dos meses de cotizaciones para acceder a este beneficio.

El abandono del estado hacia los médicos, que quedaron a su suerte ante la emergencia sanitaria por Covid-19, pronto se reflejó en las cifras de contagios y muerte. Veracruz ocupó el tercer lugar nacional en defunciones entre el personal de salud durante el último trimestre del 2020 y los primeros dos meses del 2021. Y hasta la fecha se encuentra entre los diez primeros lugares por número de contagios.

El informe de la Secretaría de Salud Federal de septiembre de 2021, reveló que en Veracruz se registraron 9 mil 875 contagios de Covid y 247 defunciones por Covid-19 entre el personal médico, durante el primer año y cinco meses, desde que se decretó la jornada de sana distancia en el país, en marzo del 2020.

El abandono del estado hacia los médicos, que quedaron a su suerte ante la emergencia sanitaria por Covid-19, pronto se reflejó en las cifras de contagios y muerte. Veracruz ocupó el tercer lugar nacional en defunciones entre el personal de salud durante el último trimestre del 2020 y los primeros dos meses del 2021. Y hasta la fecha se encuentra entre los diez primeros lugares por número de contagios.

El informe de la Secretaría de Salud Federal de septiembre de 2021, reveló que en Veracruz se registraron 9 mil 875 contagios de Covid y 247 defunciones por Covid-19 entre el personal médico, durante el primer año y cinco meses, desde que se decretó la jornada de sana distancia en el país, en marzo del 2020.

Esta gráfica muestra los 3 hospitales del IMSS, ISSSTE y Salud que tuvieron los mayores decesos de Covid-19 entre el personal de salud, durante el primer año de la pandemia:

En marzo del 2019, Alba Marina Cabrera Ramírez, enfermera en el Hospital General de Álamo, en el norte de Veracruz, fue diagnosticada con cáncer de seno grado tres. Desde que se enteró que tenía cáncer, comenzó un tratamiento que incluyó una cirugía de mastectomía – la extirpación de la glándula mamaria-, ocho sesiones de quimioterapia, una histerectomía -la extirpación de los ovarios-, y varias sesiones de radioterapia.

Un año más tarde, en medio de la emergencia por Covid-19 solicitó un permiso para ausentarse de su centro de trabajo por ser población de riesgo ante la pandemia, pero el director del nosocomio se negó a proporcionarle el permiso.

Víctor Hugo Sú Jiménez, director del Hospital General de Álamo en ese entonces y que tiempo después murió de Covid-19, le negaba el permiso porque el centro hospitalario a su cargo no era un hospital Covid. Pero Alba Marina insistía en ausentarse, porque a pesar de no ser Covid, la unidad médica recibía pacientes sospechosos, que más tarde eran canalizados a hospitales Covid.

En marzo del 2020, las autoridades federales publicaron un decreto para establecer quiénes debían considerarse personas vulnerables y enviarlos a resguardo. Pero en los hospitales, el decreto era interpretado a discrecionalidad por los directivos de los hospitales.

A pesar de que en el documento se establecía que con una sola causal eran candidatos a resguardo domiciliario, los directivos pretextaban el déficit de personal, no contar con varias comorbilidades o vulnerabilidades, o ser trabajadores de confianza, para retenerlos en su sitio de trabajo.

Pero mientras obligaban al personal médico a permanecer en los hospitales, la Secretaría de Salud a cargo de Roberto Ramos Alor, era negligente. Las contrataciones para adquirir insumos para combatir al coronavirus se hicieron tarde, y hay evidencia de que no hubo una distribución a tiempo para las unidades hospitalarias.

Por decreto federal, con fecha de 12 de mayo de ese año, los cubrebocas, caretas, batas, cubrecalzado y goggles sólo se entregaban –a cuentagotas– a quienes prestaban sus servicios en áreas Covid, dejando a trabajadores de hospitales no covid sin equipo de protección de personal.

Al mismo tiempo que las instituciones de salud retenían a trabajadores vulnerables en sus áreas de trabajo, no les garantizaban su seguridad.

Ante la negativa de resguardo, Alba Marina tuvo que cumplir con su horario en el hospital por varios meses del 2020. Para evitar contagiarse de Covid-19, tuvo que organizarse con sus compañeros de trabajo para comprar su propio equipo de protección.

“Al principio no se contaba con overoles, no había caretas ni cubrebocas, varios de nosotros tuvimos que comprar nuestro propio equipo de protección. En el primer año de Covid-19, las caretas costaban 580 pesos, los overoles 380 pesos, más cubrebocas y guantes, gastamos casi mil 500 pesos cada uno”, relató Alba Marina.

Fue hasta junio del 2020, que Alba Marina obtuvo el permiso para ausentarse de su centro de trabajo. Las autoridades la dejaron irse, sólo después de que sus compañeros -en solidaridad con ella- organizaron marchas, y enviaron escritos al gobernador y al secretario de Salud.

Gisela Janeth Rosas, enfermera con 12 años de antigüedad, adscrita a la clínica 11 del IMSS en Xalapa, también sufrió el maltrato del sistema de salud. En su hospital había les mendigaban el equipo de protección, y para obtener un cubrebocas de peyón simple, le hacían firmar un recibo, y cuando les entregaban uno de mayor calidad, la advertencia era que debía durarles una semana.

Aunque Janeth Rosas trabajaba en el área de ceye, una zona que por su naturaleza debe ser estéril, ya que desde ahí surten material para curaciones y operaciones quirúrgicas, no se libró del Covid-19. En junio de 2020 los síntomas covid-19 la pusieron en alerta y un estudio médico confirmó el contagio.

Pese al diagnóstico, las autoridades del hospital sólo le dieron ocho días de incapacidad, y contra las medidas de aislamiento que marcan hasta 45 días de aislamiento, a regañadientes logró que le extendieran su incapacidad un par de días más, antes de volver al hospital.

Pero el maltrato no terminó ahí, a su regreso al hospital fue obligada a trabajar en el área Covid, y por negarse, el castigo fue ser dirigida a Urgencias, el área de mayor riesgo porque ahí llegan todos los pacientes sospechosos. “Ni modo, no te quisiste ir a área covid que ahí estabas más protegida”, le dijo su jefa.

Los trabajadores de salud en Veracruz también tuvieron que pelear por mejoras en la infraestructura hospitalaria, como la instalación de climas, o el suministro de insumos como electrolitos, que les permitieran combatir el Covid-19 en mejores condiciones.

En algunas ciudades como Veracruz-puerto, las temperaturas rondan entre los 35 y 45 grados centígrados la mayor parte del año, y algunos médicos experimentaron la deshidratación que les provocaba trabajar seis u ocho horas en áreas covid, enfundados en trajes blancos, cubiertos hasta la última hebra de cabello, sin poder comer ni ir al baño por el riesgo de contaminación.

La frustración acumulada entre el personal de salud por el abandono del estado ante el Covid-19, se desbordó el 23 de marzo de 2020, cuando salieron a exigir que los dotaran de los insumos para atender la pandemia, cumplir con los resguardos domiciliarios, dotar a los hospitales de infraestructura, y contratar personal para suplir los déficit.

De marzo a diciembre de 2020, en Veracruz se realizaron 42 protestas por parte de trabajadores de salud: “Insumos para todas las categorías”, “ya basta de exponernos al contagio, tenemos familia” y “nos mandaron a la guerra sin fusil”, reclamaban, desde varias ciudades del estado.

Ante la ola de reclamos, la respuesta desde la federación –que fue replicada por autoridades en Veracruz– fue minimizar las protestas. En abril de 2020, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell afirmó que no había razón para la falta de insumos médicos.

Para ser escuchados, los inconformes emprendieron otras estrategias. Algunos acudieron a instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde de marzo de 2020 a junio de 2021, se acumularon 16 expedientes, a través de los cuales personal médico alzaba su voz contra el maltrato del estado.

Las quejas ante la CEDH recopilaban casos como el de un médico cirujano en Córdoba al que le negaron el resguardo domiciliario pese a su vulnerabilidad al Covi-19, al padecer hipertensión, hiperaldosteronismo, lesión biliar traumatismo quirúrgico, y diabetes mellitus.

Además, otros 300 trabajadores de salud en Veracruz emprendieron una batalla legal, y recurrieron a un amparo, para lograr el resguardo domiciliario o para que les fueran suministrados los insumos necesarios para protegerse contra la enfermedad.

El abogado Gabriel Campoli dijo que algunos de los casos que él recibió durante 2020 han escalado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el de una mujer embarazada a la que le negaron el resguardo domiciliario.

La abogada María Dolores Sierra Raygoza, que llevaba el caso de 12 trabajadores que buscaron amparo, contó que sus clientes vieron en este recurso legal, la única alternativa ante la negativa de sus superiores de permitirles resguardarse en su casa.

Para tratar de menguar la pelea jurídica de los trabajadores de salud, las autoridades cambiaron los criterios para determinar su vulnerabilidad y por tanto, la asignación de resguardos.

En junio de 2020 el Comité Estatal de Salud ordenó que todas las instituciones revisaran la validez de la morbilidad de los trabajadores en resguardo, y para el 13 de agosto, la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo acordó que los trabajadores que no cumplían con la condición de vulnerabilidad debían regresar a trabajar en semáforo rojo a partir del 17 de agosto.

Pero el frente abierto entre autoridades de Salud y trabajadores no quedó entre las instituciones públicas, el auge de las vacunas hizo que se extendiera hasta las instituciones de atención hospitalaria del ámbito privado.

El 23 de diciembre de 2020 las primeras dosis de vacuna Pfizer llegaron a México, y unos días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que en tres meses se inmunizaría a todo el personal de salud, aproximadamente unos 750 mil médicos, enfermeras, camilleros y trabajadores de limpieza.

En los primeros meses de vacunación, las dosis estaban restringidas a personal asignado a las áreas Covid-19 de los hospitales públicos. Fuera del esquema de vacunación quedaron los trabajadores de áreas no covid, los trabajadores en resguardo, y personal de salud privado.

Las manifestaciones brotaron el 24 de abril en la capital del estado, cuando personal de salud privado, trabajadores del Instituto Mental “Doctor Rafael Velasco Fernández” y el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) “Doctor Miguel Dorantes Meza”, así como de otras 11 jurisdicciones sanitarias, marcharon para exigir ser vacunados contra el Covid-19.

Médicos privados denunciaron que eran relegados mientras vacunaban a otros sectores, como adultos mayores o profesores.

El presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, Alejandro Barrat Hernández, criticó que a los médicos privados «se les dio la espalda» aunque fueron ellos quienes ayudaron a desahogar al sector público que estaba rebasado por las carencias.

Juan Carlos Gacía García, coordinador de la agencia privada Enfermeros Veracruz, comentó que aunque presentaron oficios a la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se les informó que tendrían acceso a la vacuna en 24 meses.

En Veracruz también se promovieron amparos para recibir la vacuna; tres profesionales de la salud de Xalapa obtuvieron el amparo y con ello el juez ordenó su vacunación inmediata.

Para muchos, la vacuna no tenía fecha de llegada, como cuenta Juan Carlos Gacía García, coordinador de la agencia privada Enfermeros Veracruz, en abril del 2021.

En mayo del 2020, un autobús blanco de turismo se detuvo frente a la Villa Olímpica. Fuera de él se agolparon periodistas y fotógrafos, que querían capturar el momento en que descendieran los pasajeros que momentos antes habían sido recogidos en el aeropuerto Heriberto Jara Corona, con una discreta logística.

Finalmente, uno a uno bajaron del autobús, sin que se notara nada extraordinario en las personas que pesadamente avanzaron con el cansancio que provocan los vuelos y el calor de mayo. No miraron a nadie, no querían fotos ni tampoco hablar, querían ir por su equipaje, resguardado en la parte lateral del autobús. En cuanto pudieron, tomaron sus maletas,y avanzaron en silencio a la Villa, que sería su hogar por los próximos meses. Eso es lo único que capturan los flashes de los fotógrafos: una llegada silenciosa de los invitados de Cuba.

En medio de la negligencia y omisiones hacia los trabajadores de salud en Veracruz, la Secretaría Estatal realizó la contratación de 108 médicos cubanos para fortalecer la fuerza de trabajo para combatir al Covid-19. Su llegada ocurría a partir de un acuerdo de cooperación bilateral entre la secretaría de Salud federal, estatal y el Ministerio de Salud Pública de Cuba.

En una respuesta a una solicitud de información vía transparencia, Salud Veracruz informó que los cubanos estuvieron en nueve hospitales de Veracruz, y tres Centros de Atención Médica Expandida, entre el 01 de julio y el 31 de octubre del 2020. Aunque, sobre el trabajo que realizaron, cuántos pacientes atendieron y cuánto costó al bolsillo de los veracruzanos, el silencio se mantiene después de varios meses de su caminar por tierras veracruzanas.

Para esta cobertura informativa se enviaron sendas solicitudes de información al INSABI, Sesver y Sefiplan para conocer los pormenores de esta contratación, pero las instituciones se comportaron como buques acorazados, impenetrables.

La Secretaría de Finanzas de Veracruz a través de una solicitud de información, detalló que en el marco de la contratación de médicos cubanos para atender la pandemia, INSABI y el Gobierno de Veracruz firmaron un convenio de colaboración por el cual, el Instituto envió 40 millones de pesos para “apoyar la atención de la pandemia originada por el virus SARS-Cov2”.

A través de recuentos periodísticos, se pudo conocer la distribución de personal cubano, entre los hospitales del estado. En junio de 2020, por ejemplo, el alcalde de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, informó que 47 médicos cubanos estuvieron en los hospitales de Minatitlán y Coatzacoalcos.

Pero ningún detalle del monto pagado por el Gobierno de Veracruz por hospedaje, traslado, alimentación. Y sobre todo, ningún informe detallado sobre los resultados que tuvieron en la pandemia.

Laura, una enfermera de urgencias del Centro de Alta Especialidad “Doctor Rafael Lucio” (CAE) en Xalapa que quiere permanecer anónima, relató que convivió con una brigada de médicos cubanos. Y pudo advertir algunas diferencias en el trato que recibían: mientras los médicos locales tenían jornadas de 6 horas en área Covid, los cubanos entraban sólo dos. Además, tenían asignado un camión para su traslado diario desde sus hoteles al hospital y viceversa, y hasta comida especial.

“Hubo muchas quejas de ellos; tenían un buen sueldo y no querían ayudar. Entraban a área covid, pero mientras nosotros entrábamos seis horas, ellos solo dos o tres cuando mucho y se salían (…) Eran muy quejumbrosos, decían que la comida aquí no era buena, que la comida para ellos era muy picante, les hacían comida especial para ellos porque no comían cualquier cosa (…) Tenían todos sus gastos pagados, era su sueldo y los viáticos, pero el sueldo no se lo daban a ellos, era un acuerdo entre Gobiernos, el sueldo lo mandaban a Cuba y un porcentaje se los daban sus familiares. Sabemos que ganaban más que nosotros”, revela la enfermera con 8 años de antigüedad.

A pesar de la negativa y opacidad del Sesver, el Diario de Cuba informó las condiciones en que fueron contratados los más de 500 médicos que llegaron a la CDMX, por lo que puede asumirse que los contratos fueron en términos similares. El Diario expone que las autoridades y el INSABI pagaron 10 mil 693 dólares por cada médico cubanos y explica que la exportación de servicios profesionales, especialmente médicos, es una de las principales fuentes de ingreso del gobierno cubano, pues en 2018 se generaron ingresos por 6 mil 400 millones de dólares a la Habana, muy por encima del turismo.

Laura, una enfermera de CAE, cuenta cómo los médicos cubanos recibieron un trato preferencial por las autoridades estatales, en contraste con el maltrato que sufrieron los médicos locales.

La ruta del dinero…

La Secretaría de Salud de Veracruz, que dirige Roberto Ramos Alor, actuó con negligencia y poca transparencia en el manejo de los recursos destinados para combatir la pandemia. La compra de insumos médicos y equipo de protección se hizo tarde, los contratos fueron asignados de manera directa a empresas bajo sospecha de corrupción, o ligadas a políticos. Además, Salud derrochó recursos en infraestructura que fue subutilizada, como los CAME.

Y un informe del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) alertó que la Secretaría de Salud no garantizó el correcto suministro de insumos a los hospitales. La oficina de Ramos Alor no pudo comprobar que la dotación de insumos correspondiera a lo solicitado por los hospitales de las jurisdicciones sanitarias mencionadas.

Estas prácticas en la SSA se repitieron en el ISSSTE y el IMSS, que invirtieron 26 millones de pesos en hospitales de Veracruz para la atención de la pandemia.

Para la atención de la pandemia, los estados financieros de Veracruz –con corte al tercer trimestre de 2020– reportó la asignación de mil 804 millones de pesos. Pero de estas cifras millonarias, los informes financieros trimestrales de Salud sólo dan cuenta de cómo se gastaron 280.7 millones para el combate a la pandemia.

Un informe del Orfis indica que durante 2020, Salud realizó 63 contratos de obras y servicios con un monto superior a los 291.8 millones de pesos, de los cuales el 80 por ciento se adjudicó de manera directa o a empresas con actividades mercantiles que no corresponden con los bienes solicitados.

Para la atención de la pandemia, los estados financieros de Veracruz –con corte al tercer trimestre de 2020– reportó la asignación de mil 804 millones de pesos. Pero de estas cifras millonarias, los informes financieros trimestrales de Salud sólo dan cuenta de cómo se gastaron 280.7 millones para el combate a la pandemia.

Un informe del Orfis indica que durante 2020, Salud realizó 63 contratos de obras y servicios con un monto superior a los 291.8 millones de pesos, de los cuales el 80 por ciento se adjudicó de manera directa o a empresas con actividades mercantiles que no corresponden con los bienes solicitados.

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