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POLICÍA VÍAL; nueva mano ejecutora y recaudadora del Gobierno del Estado y Seguridad Pública

#INVESTIGACIONES

** Han sido infinidades de “VÍCTIMAS” en Veracruz, por parte de ellos, que ya se comienza a volverse un problema grave en la sociedad.

Minatitlán, Ver.
Lázaro Rodríguez Pérez
Si usted es de las personas que estaba acostumbrado a salir a convivir o a cenar con la familia, con los amigos, a ver un buen partido de futbol o algún cumpleaños en sus días de descansos: viernes, sábados o domingos a la ciudad de Minatitlán; ya no lo haga, pues la nueva Policía Vial de Hugo Gutiérrez, ha implementado algunas “estrategias” para recaudar dinero, que van desde los 4 mil hasta los $7 mil pesos, más corralón, si bien le va.
Primeramente, los operativos los hacía Tránsito del Estado, apoyados con la Policía Estatal, en puntos estratégicos en la Ciudad con el famoso nombre: “Cero Tolerancia”, que incluía revisión de vehículo, de papeles y alcoholímetro.
Posteriormente fue la Policía Estatal y Municipal, quienes en su afán “de cuidar» por las noches las avenidas de Minatitlán, comenzaron con nuevos rondines, pero ellos no están facultados para recibir documentación o levantar infracciones.
En las últimas semanas, han sido muchos los reportes a medios de comunicación, o publicaciones en las redes sociales de diferentes personas, citando que han sido víctimas de la Policía Vial, quienes son ahora los que “operan” bajo el amparo del Gobierno Estatal y Seguridad Pública del Estado, pidiendo las famosas “mochadas” o sino amenazan con encarcelar a los conductores y quitarles el vehículo.

MODUS OPERANDIS.

La Policía Vial, apoyada por la Policía Municipal y Policía Estatal, han comenzado una serie de “atracos” a personas que los fines de semanas salen a convivir a la ciudad de Minatitlán. Estos “Nuevos Operativos” se centran en las avenidas más importantes del Municipio, como son: La avenida Justo Sierra, avenida 18 de octubre y el boulevard Instituto Tecnológico.
Ya es común ver un grupo de 4 o 5 motociclistas de la Policía Estatal, una camioneta con 5 o 6 elementos o la misma Policía Municipal, detener a los conductores que transitan en estas calles, invitarlos a descender del vehículo y posteriormente esposarlos; si traen aliento alcohólico, si les falta un documento o en su caso si se oponen al supuesto operativo, son amenazados con ser remitidos a los separos de la Policía Municipal por faltas administrativas.
Inmediatamente después de ser detenidos, esposados o en su caso despojarlos de su vehículo, los elementos de la Policía Estatal y Municipal, les llaman a los Policías Viales, quienes son los encargados de “NEGOCIAR” con los conductores su “salida fácil”, que conlleva una mochada de $2500 pesos o $3000 pesos, por no encarcelarlos y no remitir su vehículo al corralón.
Si el “buen samaritano”, cuenta con el efectivo a la mano o en su caso va con los elementos policiacos a retirar a los cajeros de los diferentes bancos de la Ciudad, la cantidad “acordada”, ese “buen hombre”, la libra y se va a casa.
Todo lo contrario, son aquellas personas que se oponen a dar “mochadas” y deciden que su influyentísimo o amiguismo pueden sacarlos del problema. En primera instancia, su unidad es remitida al corralón y se la quitan los elementos de Seguridad Pública; en segunda instancia, algunas personas son encarceladas y deben de pagar una multa administrativa, para liberar el vehículo y en tercera, la gran mayoría han argumentado que los hacen ir al C4, que se encuentra en Cosoleacaque, donde se arreglan con el “COMANDANTE H”, para liberar la unidad, claro con el monto correspondiente que va de los $4 a $6 mil pesos.
Estas actividades policiacas, se han vuelto tan recurrente los fines de semana y algunas noches entre semana en la ciudad de Minatitlán, que ya existen grupos de WhatSapp y Facebook, que están alertando a más ciudadanos a que no sean víctimas de esta “NUEVO OPERATIVO» por parte de Seguridad Pública y Gobierno del Estado.

XALAPA Y COATZACOALCOS, SE ESTÁN SUMANDO A ESTOS RECLAMOS

En su reconocida columna PROSA APRISA, el Periodista Arturo Reyes Isidoro, describe la forma que la Policía Vial, confabulada con la Policía Estatal opera y que es más grave de lo que los veracruzanos suponíamos. «Policías estatales y viales están asaltando a mansalva todos los fines de semana a la inerme población xalapeña, con cualquier pretexto», cita.
¿A qué se debe la extorsión?, preguntó el periodista a un elemento policiaco. La extorsión, con el pretexto de los alcoholímetros, ya prácticamente se institucionalizó, pero ahora se ha pasado al asalto, incluso aunque la víctima ya esté llegando a su domicilio, enfrente, como le pasó a conocidos míos.
Una noche, cuatro jóvenes (incluidas mujeres), después de haber salido de trabajar fueron a cenar. Cuando ya volvían a sus hogares, los paró la policía. De entrada, le dijeron al que manejaba que iba tomado. El joven lo negó. Ante la insistencia de la acusación pidió que personal de tránsito le hiciera una prueba. Le dijeron que ese no era el “protocolo”. Entonces le preguntaron de quién era el carro. Les respondió que de su mamá. Le pidieron que mostrara la factura. Les respondió que estaba guardada pero que traía la tarjeta de circulación, y, así, le empezaron a buscar por dónde acusarlo.
Al final, como todo estaba bien, le dijeron que le iban a recoger el vehículo porque debía traer una carta poder de su madre para poder usar la unidad y, además, otra vez, que iba tomado. Se lo llevaron al Cuartel San José donde ya había al menos otros 70 detenidos.
Para dejarlo en libertad le cobraron una multa de 300 pesos, pero el coche lo enviaron a un corralón. Cuando llegó la mamá con la factura, le dijeron que la multa por prestarle el vehículo a su hijo era de 10 mil pesos, pero para que vieran que eran “generosos” le preguntaron cuánto traía o cuánto les podía dar para que ahí “muriera” todo. Le sacaron 1,500 pesos más a la mujer, quien reclamó su coche. Entonces le salieron con que tenía que pagar el arrastre de la grúa, que eran otros 10 mil pesos, etcétera. En total le sacaron 5,000 pesos sin darle recibo alguno. La mecánica del asalto es muy parecida a las de tantos testimonios. Resulta que los operativos están coordinados por el subdirector de Agrupamientos, Andrés Humberto Segura Barradas, quien reporta directamente al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.
Están involucrados los elementos del llamado Cuerpo Especial de Policía Vial (los que andan también en cuatrimotos, armados con metralletas), los agentes de Tránsito del Estado, los integrantes del Grupo Reacción, los del Grupo Recuperación de Vehículos. Con otro dato. La tropa ya entrega una cuota fijada, pero ante la orden que le dieron los elementos se comprometieron a empeñarse y llevarles más, pero pidieron que a cambio les permitieran robar también, y por eso a quienes detienen les quitan todo lo que de valor lleven encima, carteras y celulares por delante. Negocio redondo, pues, para todos. Y no distinguen si el detenido es hombre o mujer, de la edad que sea.
Asegura el columnista que comenta el caso de Xalapa porque es de donde tiene testimonios directos de lo que está sucediendo, pero no sería nada raro que el mismo fenómeno se esté repitiendo en las ciudades más grandes e importantes y que a todos los jefes policíacos les hayan dado la orden de que incrementen los montos de las cuotas que tienen fijadas, o sea, que también se dediquen a asaltar a todo el ciudadano que puedan, caso similar a lo que esta pasando en la Ciudad de Minatitlán.
¿Con qué cara, me pregunto, va a presumir el gobernador en su Tercer Informe que los delitos han disminuido en Veracruz cuando es su propia policía la que los está cometiendo e incrementando a la vista de todos.

RUEDA DE PRENSA EN COATZACOALCOS; TRANSPORTISTAS DEL SERVICIO PÚBLICO PIDEN A GOBERNADOR QUE RETIRE A LA POLICÍA VIAL DE LA CIUDAD

Hace unos días, Transportistas del servicio público, señalaron que «La policía vial llegó para extorsionarlos, hoy en día no hay empleos, muchos negocios los están extorsionando y todavía estos señores nos asaltan”; piden a Cuitláhuac García Jiménez que retire de Coatzacoalcos a la policía vial, por contener presuntos actos de extorsión.
En los últimos tres meses han documentado 100 casos contra taxistas y transportistas de unidades de carga, quienes han sido víctimas de los policías viales. Los transportistas señalan que los elementos viales detienen a los chóferes y aunque traigan la documentación en regla, se extralimitan en sus funciones y buscan un pretexto para pedir dinero y llevarse las unidades al corralón
«Inmediatamente se tocan la pistola, y no le permiten al conductor hacer la llamada al concesionario y entonces el conductor tiembla, a la mayoría los detienen donde no hay señalamientos», destacaron los dirigentes.
El transportista puntualizó que también están en contubernio con las empresas de grúas para cobrar cuotas excesivas que van desde los 3 mil hasta los 15 mil pesos. «El que no da dinero le llevan su carro al corralón y de todos modos les piden dinero para sacar el carro», precisó.
Han interpuesto infinidades de denuncias en los penales de la fiscalía general del Estado, sin embargo, afirman, que la mayoría no procede.
 

ULTRAJES A LA AUTORIDAD, NUEVO DELITO QUE AMPARA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA O ALGUN FUNCIONARIO ESTATAL

Con la nueva Reforma al Código Penal en Veracruz sobre el delito de ultrajes es inconstitucional y violenta la libertad de expresión, los elementos de la Policía Estatal, Municipales y viales ya están amparados, porque ahora nadie les puede decir nada.
El día 11 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz el Decreto Número 848 que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz, entre ellas el delito de ultrajes a la autoridad.
Si bien el delito de ultrajes ya era vigente y establecía la imposición de “seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.
Con la reforma, ahora se añaden supuestos que posibilitan el uso arbitrario de este tipo penal. ARTICLE 19 tiene documentado como éste ha sido utilizado por las autoridades para restringir la labor periodística, el ejercicio de la protesta y el derecho a la libertad de expresión en general.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que este tipo de leyes restrictivas violentan sistemas democráticos, pues limitan el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo. La SCJN determinó que ese delito va en contra del principio de legalidad, debido a su ambigüedad.
Debido a que este tipo penal restringe la libertad de expresión, y piden sea derogado en su totalidad el delito de ultrajes por contravenir estándares internacionales y su impacto negativo al ejercicio de derechos humanos. Asimismo, se les conmina a omitir impulsar otras leyes que puedan resultar antidemocráticas.
Además, instamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz a atender sus obligaciones y facultades para hacer respetar los derechos humanos e impulsar la acción de inconstitucionalidad correspondiente.
Si usted a sido víctima, de estos nuevos operativos háganoslo saber al correo: elsur.info@gmail.com

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